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DESDE
que inicié la preparación de este artículo se han publicado varios
relacionados con el mismo tema, lo que pone de manifiesto la gran
inquietud que existe en estos momentos entre los profesionales de la
enseñanza y la propia sociedad en relación a lo que será el futuro de
la educación en nuestro país. Pero en todos ellos, como denominador
común, se pide que se aprenda de los errores pasados y no se haga una
nueva reforma educativa que nazca con fecha de caducidad, porque si
algo se comparte en todas las opiniones es la necesidad de llegar a
unos acuerdos básicos que nos den seguridad, tranquilidad y sosiego
para trabajar en un sistema educativo estable y coherente con las
necesidades de los ciudadanos, en el que las instituciones asuman sus
competencias en los respectivos ámbitos, respetándose mutuamente. Pues
estamos hablando de un tema de interés nacional, un asunto de estado
que prefieren decir otros, tan importante como puede ser la política
exterior o la antiterrorista. Sabiendo además que de la sociedad del
futuro depende el que mañana nuestros alumnos tengan capacidad de
negociar y llegar a acuerdos para establecer caminos en una sociedad
que cada día será más compleja y, por tanto, necesitará más del saber
vivir juntos y el aprender a aprender.
Por todo ello, si miramos hacía atrás vemos que desde la aprobación de
la LOGSE, se han vertido verdaderos ríos de tinta a favor y en contra de ella,
bien es verdad que, unas veces, para defender intereses personales y
poco consistentes, en otras ocasiones simplemente para decir lo que
cada uno piensa que es un ejercicio legítimo y sano, y en otros casos
se han hecho críticas fundamentadas, a favor y en contra, que nos han
hecho pensar a todos los que nos movemos en este mundo de la educación
y nos han enriquecido al ayudarnos a ver ángulos que no habíamos
observado anteriormente.
También sería necesario decir que, en muchas ocasiones, opinamos sin
tener un conocimiento profundo sobre el asunto en cuestión y por tanto,
esa información sólo aporta ruido y distorsiona el debate de fondo, por
esa razón es necesario valorar con cierta cautela cualquier opinión y
contextualizarla en el tiempo y en el espacio para poder comprender
adecuadamente su significado.
En estos momentos, en los que con los resultados de las últimas
elecciones generales nos enfrentamos a una nueva reforma educativa,
sería conveniente que se tuvieran presente las enseñanzas del pasado
más inmediato, para, en la medida de lo posible, nos evitáramos
esfuerzos y gastos de energías inútiles. Hablamos, pues, de la
necesidad de alcanzar el consenso suficiente entre los partidos
políticos, los sindicatos, los docentes y la sociedad en general, para
que todos los que trabajamos en y para la educación, podamos dormir un
poco más tranquilos, sabiendo que mañana, cuando se produzca un nuevo
cambio de partido político en el gobierno, vamos a poder seguir
trabajando en un sistema estable, congruente y duradero, que nos
permita llegar a conocerlo, comprenderlo y aplicarlo de manera
coherente, además de contar con los recursos suficientes. Sin olvidar
que la actualización y la modernización progresiva de los sistemas son
necesarias y convenientes, pero no lo parecen tanto los cambios bruscos
de sistema que tanta inseguridad, incertidumbre e insatisfacción nos
crean a todos, y que tiene unos efectos tan nocivos en quienes se ven
obligados a cambiar con tanta frecuencia el rumbo de su quehacer
profesional.
En estos momentos nos encontramos ante la quinta ley orgánica que
regula el derecho a la educación desde la promulgación de nuestra
constitución de 1978 (LOECE 1980, LODE 1985, LOGSE 1990, LOPEGCE 1995 y
LOCE 2003), y aunque de las cuatro primeras sólo
la LOGSE
ordenaba de manera general los planes de estudio, las demás regulaban
aspectos tan importantes como la participación en los centros
educativos o el sistema de elección de directores, lo cual tiene una
gran importancia para el funcionamiento de los centros. Y a pesar de
estar la última ley en los inicios de su aplicación, como es conocido
de todos, ya está anunciada su derogación o modificación, incluso se
han levantado voces autonómicas anunciando que no se aplicará en sus
territorios, aunque si bien sólo han sido palabras y no existen hechos
concretos hasta el momento.
En esta situación parece más necesario que nunca que se llegue a un
acuerdo de estado sobre la educación, algunos se atreven a decir
constitución educativa -por evocar el espíritu constituyente-, en el
que se sienten las bases de un sistema educativo basado en la
participación y la responsabilidad de todos, en el que el estado, de
acuerdo con las competencias que tiene atribuidas constitucionalmente,
desarrolle una normativa básica que asegure la base común y compartida
de una educación que se complete y adecue a la idiosincrasia y la
tradición cultural de cada comunidad autónoma, que respete los
principios constitucionales de un estado de derecho en el que todos
tengan un espacio suficiente para desarrollar sus inquietudes y en el
que todos podamos ejercer nuestros derechos sin menoscabo alguno.
En definitiva, abogamos por un sistema educativo que no dependa de los
resultados electorales, que desarrolle una estructura básica común y
aceptada en la que las energías y los esfuerzos de todos se dirijan a
dar una formación de calidad a los ciudadanos dentro de la pluralidad
de naciones que conforman un país como el nuestro, moderno y
comprometido con el futuro e integrado en Europa. Una Europa integrada
que debe mirar y ponerse a trabajar con los países más necesitados,
para buscar un reparto más justo de la riqueza y el desarrollo de
sociedades en las que los derechos fundamentales sean la base de la
convivencia y la garantía de que avanzamos en la construcción de una
sociedad en la que la pobreza y la ignorancia son sustituidas
progresivamente por el bienestar social, el conocimiento y la toma de
conciencia, por parte de todos, de los derechos y deberes que tenemos
como ciudadanos del mundo.
PEDRO NAVAREÑO PINADERO es inspector de Educación
PEDRO NAVAREÑO
Inspector de Educación
Vicepresidente de FEAE-España
Artículo publicado en el diario HOY de Extremadura el 4 e mayo de 2004
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